Ya incluso con anterioridad a la publicación el 23 de septiembre de 2015 de la Ley 35/15 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, habían corrido ríos de tinta aun en la fase de su tramitación parlamentaria poniéndose de manifiesto posturas críticas ante ciertas cuestiones formales y en su mayoría materiales que el llamado “Baremo” no ha terminado de resolver satisfactoriamente, aun cuando se ha dado un auténtico giro y notabilísima mejora del sistema valorativo anterior, y ante otras tantas que se resuelven de manera poco satisfactoria para ciertas víctimas y perjudicados de los accidentes de circulación como son los denominados “pequeños lesionados”. Esta corriente crítica, lejos de amainar con la andadura del primer año y medio de aplicación de la Ley, parece haber arreciado durante este tiempo especialmente entre los abogados encargados de la defensa de los intereses de las víctimas que con seguridad reclamarán la atención de la Comisión de Seguimiento prevista por la propia norma para corregir las anomalías que pudieran producirse en su aplicación así como para tratar de enmendar posibles errores en su redacción habiéndose reunido por primera vez la misma el pasado mes de abril.

En este artículo nos proponemos abordar dichas cuestiones controvertidas, o al menos las más relevantes, analizando las mismas que fueron introducidas sorpresivamente, y podría decirse que por la puerta trasera en sede del Congreso pasando por el Senado de puntillas y sin hacer mucho ruido siendo por tanto ajenas a la voluntad de la Comisión de expertos que con enorme esfuerzo y dedicación alumbró finalmente la reforma.

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Artículo original publicado en El Derecho el 24 de agosto de 2017.